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Escribo desde la dificultad. Después de haber estado dos años en Uruguay (2005- 2007), vuelvo a estar lejos, disponiendo de informaciones indirectas y parciales. Por otra parte, el tema (la educación y la elaboración de una Ley que la actualice, estimule y regule) es, en cualquier parte del mundo, también difícil. Más en Uruguay: la extraordinaria capacidad de interpretar crítica y dialécticamente la realidad, que es una gran cualidad de los uruguayos, se convierte, a la hora de decidir y emprender acciones que contribuyan a mejorar esa realidad, en una considerable dificultad, más aun cuando hay que atenerse a límites temporales. Agrego que yo también soy personalmente difícil.
Me cuesta aceptar el mundo actual, con sus graves contradicciones. Haber creído en la superación humana como proceso colectivo, deliberado, solidario, y haber actuado como educador con ese desafío como norte me aportó una experiencia que no me es fácilmente transferible al siglo XXI. Cuando el pensamiento se contamina de nostalgia la ubicación en la realidad puede ser equivocada. Ante tanta dificultad, las palabras de orden son respeto y modestia y desde ellas me propongo escribir. Un gran respeto por lo que otros vienen haciendo y una gran modestia por lo que yo, aquí y ahora, pueda aportarles.
Pero también me siento con algún derecho a participar en el presente debate sobre el Proyecto de Ley General de Educación (PLGE) que el Poder Ejecutivo ha remitido al Poder Legislativo. En marzo de 2005, recién instalado el nuevo gobierno, remití desde Barcelona el documento Pensando en la futura Ley de Educación de Uruguay , con ideas que había ido comenzando a organizar cuatro meses antes, en oportunidad de haber viajado a Montevideo para ejercer mi derecho al voto. Dicho documento (29 páginas y dos partes, una sobre cuestiones de método y otra con posibles contenidos de la Ley) fue acogido con interés por sus once destinatarios iniciales.
Creo que fue, aparte de los pronunciamientos de los sucesivos congresos del Frente Amplio (FA), el primer material en que alguien se ocupó de manera pretendidamente global de la futura Ley. Las fotocopiadoras hicieron su trabajo y cuando yo llegué a Montevideo en mayo de 2005 en calidad de asesor honorario del Dr. Yarzábal, pude percibir que aquel trabajo no había sido vano.
A propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y designado con otros especialistas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), actué entre diciembre de 2005 y abril de 2007 como uno de los 22 integrantes de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE). Participé, pues, en toda la etapa de organización de esa inédita experiencia uruguaya de apertura al debate popular del gran tema de la educación, bajo el asedio, por momentos ultrajante, de los medios de la oposición. A partir de mayo de 2007 no he tenido ninguna intervención pública relativa al proceso de elaboración del PLGE ni a su contenido. Al pronunciarme ahora sobre el tema, me considero no solamente asistido del derecho a opinar sobre asunto tan sentido como propio, sino obligado a hacerlo, por lealtad a mis colegas y a mi patria de adopción.
Algunas reflexiones previas. Necesariamente, toda ley de educación responde a un concepto de la educación, más concretamente a un proyecto educativo, siendo deseable que éste sea coherente con el proyecto global de sociedad, es decir, afín con un proyecto sociopolítico, tomando esta última expresión en su sentido general, como perfil convenido por la sociedad para el largo plazo y no como proyecto partidario circunstancial. En algunas de mis obras yo me he referido a la historicidad y a la politicidad de la educación (1).
Es evidente que Uruguay no atraviesa un período revolucionario. Podríamos decir que ha deseado vivir y está viviendo no sin enfrentar considerables resistencias - una etapa de cambio, sin poder dejar de convivir con el capitalismo globalizado, aspirando a corregir en la medida de lo posible algunos de sus efectos sociales más injustos. Esta palabra, cambio, me parece que es la que mejor caracteriza los objetivos de la futura ley.
Deseamos la concreción de cambios importantes en materia educativa: cambios en algunos principios básicos, cambios en sus funciones en la sociedad, cambios en la amplitud de su cobertura, cambios institucionales, cambios en las responsabilidades y derechos de diferentes colectivos, cambios en los métodos y medios y, sobre todo, cambios en los resultados obtenidos. No nos hemos enfrascado, a mi parecer, ni en una revolución ni en una reforma, sino en la puesta al día de una herramienta de enorme valor, la Ley, de modo que ésta actualice el sector y lo proyecte a un futuro que nos es desconocido pero para el cual debemos preparar a la futura ciudadanía.
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